Rol e intervención del Ministerio Público en el proceso penal acusatorio panameño

Esta investigación jurídica de tipo descriptiva, tiene su origen al implementarse en Panamá el proceso penal acusatorio, el cual ha sido introducido de forma gradual en las Provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos; sin embargo, ha sido suspendido en el resto del país por problemas presupuestarios. Este proceso garantista requiere un cambio de ideología en el proceso investigativo y por consiguiente, el fortalecimiento de la función investigativa del Ministerio Público. El investigador deberá especializarse en la función de su cargo, documentar sus hallazgos y buscar el material probatorio. Por lo tanto, el fiscal investiga, acusa; pero no decide. A efectos del desarrollo del trabajo de investigación se recurrió al examen de opiniones vertidas de expertos en la materia tanto a nivel nacional e internacional, el examen de normas constitucionales, legales y a conceptos jurisprudenciales. Finalizado el trabajo de investigación concluimos en la reforma judicial con una visión futura de un modelo de administración de justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales imparciales, idóneos y sin excesivos formalismos respetando las garantías de un Estado de Derecho

La transversalidad de los MASC Una Perspectiva México Panamá

El Código Procesal Penal de la República de Panamá, en concordancia con la legislación nacional e internacional vigente, incorporó los métodos alternos de resolución de conflictos en materia penal; siendo la suspensión condicional del proceso sujeto a condiciones uno de estos métodos, el cual busca más allá de una sentencia condenatoria, a través de la cual se emplaza al imputado, que la víctima de un delito se sienta restaurada y/o resarcida en cuando al daño que se le causó. La suspensión condicional del proceso sujeta a condiciones como podremos observar, brinda grandes ventajas a las distintas partes intervinientes, siendo alguna de ellas el ahorro procesal, la ausencia de sentencia, y resarcimiento inmediato del daño, pues las partes intervinientes consideran que no existe una necesidad real de culminar el proceso con un juicio oral, el cual siempre es un desgaste económico y emocional. Este ha sido utilizado en el delito de violencia doméstica, como un método pasivo de terminación del conflicto penal, donde la víctima recibe una reparación del daño ocasionado a consecuencia del hecho punible y el imputado se someta a condiciones que le permita afrontar su condición o cuadro agresivo, con miras a restaurar la armonía dentro del núcleo familia

El control constitucional de los actos electorales en Panamá

El derecho constitucional y el derecho electoral tienen una íntima conexión, porque ambas tienen como una de sus finalidades la protección de la democracia derivada de los procesos electorales El Tribunal Electoral de Panamá, es una autoridad autónoma y con competencia privativa en materia electoral, por tanto, debe encuadrar sus actuaciones a los lineamientos y principios constitucionales, razón por la cual pese a su autonomía, el respecto a la supremacía constitucional exige que sus actuaciones pueden ser objeto de control de constitucionalidad En el presente trabajo haremos referencias teóricas-doctrinales y jurisprudencia sobre el control de constitucionalidad de las actuaciones del Tribunal Electoral de Panamá

La conveniencia de regular límites a la actuación de la prueba de oficio a tenor del artículo 385 inciso 2 del nuevo código procesal penal peruano

El presente trabajo de investigación se trazó como problema la conveniencia de la regulación de la prueba de oficio en el artículo 385 inciso 2 del Nuevo Código Procesal Penal Peruano y como hipótesis se planteó que será conveniente su regulación en el artículo previsto en la medida que se limite la actuación de la prueba de oficio sólo a medios probatorios pertenecientes a fuentes de prueba ya admitidas en el proceso; razón por la cual la investigación presentada por su finalidad es de naturaleza aplicada, por su profundidad es descriptiva – explicativa y por su diseño es no experimental. El método que se utilizó fue el científico y para la recolección, análisis e interpretación de la información se utilizaron los métodos lógicos y jurídicos; las técnicas empleadas fueron la observación con los instrumentos senso perceptuales, la recopilación documental, el fotocopiado y escaneado; así mismo el procedimiento de recolección se realizó en nueve pasos, además de un diseño de procesamiento de datos a través del cual se depuró y clasificó la información recabada para pasar a su orden y organización; todo ello conjuntamente con un diseño de presentación conformado por la problemática de la investigación, el desarrollo teórico, la metodología empleada, los resultados y discusión; de los cuales derivaron cinco conclusiones, tres recomendaciones y una propuesta legislativa.This research problem was traced as the desirability of regulating the trade test in Article 385, paragraph 2 of the new Code of Criminal Peruvian and raised hypothesis that the limitation of the performance test only means of proof job It pertaining to sources of evidence already admitted in the process make appropriate regulation in the intended article; why research by its purpose is applied nature, its depth is descriptive - explanatory and by design is not experimental. The method used was the scientist and the collection, analysis and interpretation of information logical and legal methods were used; the techniques used were the observation instruments perceptual consensus, documentary collection, photocopying and scanning; likewise the collection procedure was conducted in nine steps, plus a design of data processing by which it was purified and classified the information collected to pass their order and organization; all together with a design presentation made by the problems of research, theoretical development, methodology, results and discussion; of which five conclusions derived three recommendations and a legislative proposal.Tesi

La pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas la reinserción social del condenado

Este trabajo pretende ofrecer una caracterización de la denominada pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, que permita a explicar y sistematizar si su contenido, presupuestos y finalidades, contribuyen a la rehabilitación y reintegración social del individuo que ha sido condenado. Se toma como punto de partida la conceptualización que ofrece la doctrina en general y la búsqueda del origen y surgimiento histórico del ius puniendi estatal, su evolución y perfeccionamiento. Inmediatamente se presenta el concepto de pena y sus aspectos generales a la legitimación en su imposición por los entes jurisdiccionales, que atendiendo a fines, garantías y derechos constitucionales la justifican, y las puntualidades terminológicas que ofrecen las teorías que la justifican en sus aspectos de prevención tanto general como especial, emprendiendo el debate más actualizado de las concepciones jurídicas más recientes de la dogmática penal. El expansionismo del Derecho Penal atendiendo a la globalización y la forma como los avances tecnológicos originan la creación de bienes jurídicos nuevos. La exigencia de una mayor intervención del medio más violento que tiene el estado para intervenir y mantener el orden social jurídico. El Derecho Penal Se realiza conforme a la óptica constitucional la legitimación de la pena accesoria y la desproporción de la misma al ser impuesta mediante sentencia a todos los delitos sin tomar en consideración la relación que guarde con el hecho delictivo. Emprendemos en derecho comparado un análisis de las legislaciones de países vecinos a fin de buscar una reglamentación que se fundamente en principios de proporcionalidad y de individualización de la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, que cumpla con los estándares de la dogmática penal más contemporánea, proponiendo para finalizar este trabajo investigativo con propuesta de reforma al Código Penal, mediante un proyecto de ley que cubra el déficit en la regulación de la misma

Garantismo y crisis de la justicia

Esta obra representa una importante reflexión teórica producto de la labor investigativa de sus autores, en torno a uno de los problemas de mayor actualidad en la sociedad contemporánea, cual es, la tensión permanente que se presenta entre la necesidad que tiene el Estado de garantizar un orden o control social y al mismo tiempo, la exigencia actual de la garantía y protección de los derechos fundamentales

El Tribunal de Cuentas y su condición de ente jurisdiccional

El Tribunal de Cuentas es una entidad que administra justicia en todo el territorio de la República de Panamá. En la presente investigación se plantean ambos puntos de vistas, el jurisdiccional y el administrativo. El Tribunal de Cuentas sustituye a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (estructura de la Contraloría General, creada provisionalmente el 10 de febrero de 1990, con la finalidad de determinar la existencia de las lesiones patrimoniales cometidas en perjuicio del Estado y establecer responsabilidades), con la Ley 67, de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32, de 8 de Noviembre de 1984. Al constituirse el Tribunal de Cuentas con una estructura orgánica independiente, en lo funcional, en lo administrativo y en lo presupuestario, surge un ente especializado, que deberá fallar las causas patrimoniales sometidas a su conocimiento, de acuerdo a las normas sustantivas y procesales establecidas en la Ley 67 de 2008; por lo tanto la condición de ente jurisdiccional es intrínseca al Tribunal de Cuentas